Nota de Prensa

Los principios rectores sobre Empresa y Derechos Humanos constituyen el punto de partida para el desarrollo de políticas empresariales sólidas que proporcionen una definición clara de los roles y las responsabilidades del Estado y los sectores empresariales de “proteger, respetar y remediar�, las vulneraciones a los derechos humanos por parte de las empresas, así como el establecimiento de mecanismos de reparación abiertos a las personas cuyos derechos humanos resulten quebrantados fruto de las acciones empresariales.

Esta responsabilidad compartida del Estado y de las empresas tiene como propósito asegurar por parte del Estado el establecimiento de leyes apropiadas y la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos.

Por ello, el establecimiento de un sistema realmente efectivo de protección de los derechos humanos requiere de una participación activa del sector empresarial, por medio del establecimiento de políticas empresariales que articulen sus actividades productivas con su responsabilidad de respetar los derechos humanos. Pues, aún cuando el Estado no disponga de competencia para regular, supervisar y establecer que las empresas rindan cuenta por sus infracciones a las leyes nacionales que protegen los derechos humanos, las mismas siguen siendo responsables de respetar estos derechos.

Es por esto que desde el establecimiento de la Red del Pacto Global RD, el sector empresarial, en forma voluntaria, asumió el cumplimiento implícito sobre empresa y derechos humanos, al acoger los principios universales sobre “derechos humanos y estándares laborales�.

En este sentido, los Principios Rectores sobre Empresa y Derechos Humanos, adoptados en junio de 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, si bien no constituyen un instrumento vinculante, ni nuevas obligaciones internacionales para gobierno y empresa, no menos cierto es que los mismos, al igual que el pacto mundial, es el resultado de la expresión del consenso internacional, que tiene como propósito la búsqueda de soluciones a través de mecanismos judiciales y no judiciales para las víctimas de vulneración de derechos humanos derivada de las actividades empresariales.

Por su parte, el sector empresarial debe establecer políticas y mecanismos internos que aseguren la identificación, prevención y mitigación de los posibles impactos adversos fruto de sus actividades y cadena de valor sobre derechos humanos (John Ruggie), mientras que el Estado tiene que promover y aprobar leyes apropiadas que garanticen la igualdad ante la ley (establecimiento de cláusulas contractuales que protejan posibles violaciones a los derechos humanos), que aseguren el Estado Social y Democrático de Derecho en una sociedad en democracia.