Programas de Trabajo

Es nuestro interés como Fundación,  promover el voluntariado profesional, impulsar entre los abogados el  litigio estratégico, propiciar las soluciones éticas a las controversias y un ejercicio del derecho socialmente responsable, consciente de que, como Abogados no debemos interponer un beneficio personal o profesional para lograr riquezas a cambio de vulnerar los derechos fundamentales o los valores de las comunidades.

El acceso a la justicia está íntimamente vinculado con el Estado Social y Democrático de Derecho, el cual se funda en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales (artículo 7 de la Constitución), la independencia del Poder Judicial, al expresar que toda persona tiene derecho a ser oída, con las garantías y dentro de un plazo razonable, por un “juez o tribunal independiente e imparcial� establecido con anterioridad por ley (artículo 8.1 Convención Americana de los DH), Garantías de los derechos fundamentales, consagrados en el artículo 68 de la Constitución al disponer que la Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales, a través de los mecanismos de tutela y protección, que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos, frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, y la tutela judicial efectiva y debido proceso(artículo 69 de la Constitución), al indicar que toda persona, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, tiene derecho a obtener la tutela judicial efectiva, con respeto del debido proceso que estará conformado por las garantías mínimas.

Identificar las causas que afectan al sistema de justicia y la seguridad ciudadana, elaborar propuestas que puedan ser presentadas y defendidas ante las instituciones y en los escenarios correspondientes, incluyendo la Cumbre Judicial Nacional, con la finalidad de garantizar la ejecución de los acuerdos y mejoras planteadas.

En el contexto actual y conforme a los resultados del último censo sobre población y vivienda la República Dominicana cuenta con una población aproximada de 10,086,598 habitantes de los cuales unos 56,000.00 son abogados, representando esto la existencia de un abogado por cada 180.15 habitantes, cuya alta tasa de abogados en nuestro país no se traduce en una mejoría en el acceso de los ciudadanos al sistema de justicia. ÂÂ

En el marco de los acuerdos suscritos y firmados con las Facultades de las Escuelas de Derecho de las Universidad des, se persigue el compromiso de la academia de cumplir con su compromiso de difundir los ideales de paz, de progreso, de justicia social y de respeto a los derechos del hombre, a la vez contribuye con la formación de una conciencia colectiva basada en esos valores. Así como fortalecer el conocimiento de los profesionales y Estudiantes del Derecho, con el propósito de que adquieran la conciencia necesaria para que defiendan los derechos de los ciudadanos, y sobre todo ofrezcan servicio social a la población.

El litigio estratégico es muy diferente a la idea tradicional de un servicio legal. Las organizaciones que prestan servicios legales tradicionales ofrecen un servicio a sus clientes de forma individual y trabajan puntualmente representándolos y aconsejándolos en cualquier tema que se les presente. Precisamente como la prestación de servicios legales tradicionales se centra en el cliente y se limita a los recursos con los que cuenta la organización, usualmente no hay oportunidad de ver los casos dentro un panorama completo. El litigio estratégico, por otra parte, se centra y busca cambiar las políticas y otros patrones de comportamiento. Por esta razón, el litigio estratégico no está diseñado para proveer el mejor servicio al mayor número de clientes, como lo está la prestación de servicios tradicionales.

Los Objetivos del litigio estratégico, también llamado litigio de impacto, involucra la selección y presentación de un caso ante los tribunales con el objetivo de alcanzar cambios mayúsculos en la sociedad. Quien inicia un litigio estratégico busca utilizar la ley como un medio para dejar huella, más que simplemente ganar el caso en particular. Esto significa que en los casos de litigio estratégico hay una preocupación por el efecto que el caso tendrá en otros segmentos de la población y el gobierno, adicionalmente al efecto del resultado del caso para el interesado.

A través de las Clínicas Jurídicas se adiestra a estudiantes de término de la carrera de derecho en la utilización de herramientas para su adecuado desarrollo profesional, al tiempo que se promueve entre los mismos la práctica social e interés público del Servicio Legal Pro Bono, el voluntariado profesional como herramienta de cambio social, a través del establecimiento en la Facultad de Derecho de las  Clínicas Jurídicas en casos de Interés Público y la promoción del Litigio Estratégico para la efectiva promoción y protección de los derechos humanos.

El programa en clínicas jurídicas promueve, en la facultad de derecho, el fortalecimiento de los mecanismos que contribuyan a mejorar en República Dominicana el derecho de acceso de los ciudadanos al sistema de justicia a través de:

1. La protección y promoción de los derechos humanos y las garantías individuales.
2. La responsabilidad ética y profesional de los abogados(as).
3. La promoción de un sistema de justicia justo y equitativo.
4. La inclusión de los abogados en la formulación de políticas públicas basadas en las necesidades sociales.
5. La eliminación de todo tipo de barrera que impida el acceso al sistema de justicia.

El Consultorio Jurídico Universitario, se ha concebido como un laboratorio jurídico adscrito a la Facultad o Escuela de Derecho, con funciones específicas y con proyección social, el cual, en principio, será aprobado por el Consejo del Decanato de la Facultad de la Escuela de Derecho, para su posterior ratificación o aprobación y puesta en marcha por parte del Consejo Universitario, en cuyo Consultorio los estudiantes de los dos últimos años de carrera realizarán sus prácticas como abogados o profesionales del Derecho.

La Fundación sustentamos nuestro trabajo en dos estrategias fundamentales, sobre las cuales se han determinado las acciones a ser ejecutadas en el marco de la misma. Por un lado, se encuentra la estrategia de información o promoción, educación y comunicación; y por otro, la asesoría y asistencia legal gratuita a ciudadanos de escasos recursos económicos, comunidades o grupos vulnerables y las organizaciones que les asisten.