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Tiene por objeto determinar la responsabilidad del Estado dominicano cuando el poder constituido afecta intereses jurídicamente protegidos y existentes en la Constitución, en las normas nacionales e internacionales de derechos humanos, o en el principio de igualdad frente a las cargas públicas. Por ello, el rechazo del poder autoritario y la arbitrariedad, trae consigo la necesaria concreción de derechos de defensa frente al Estado, al establecimiento de límites y controles al poder político y poder estatal, a la realización de los derechos del individuo a la libertad, así como a la garantía de la seguridad jurídica de los ciudadanos.

Dentro de los derechos y deberes laborales básicos de los trabajadores podemos distinguir:

• Derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio.
• Derecho a la libre sindicación. Se refiere a la posibilidad de fundar sindicatos, a la libre afiliación, y al derecho de los propios sindicatos a fundar confederaciones y organizaciones sindicales internacionales y el derecho a afiliarse a las mismas. Se trata de un derecho que puede ser limitado para ciertos colectivos (Cuerpos e Institutos Militares).
• Derecho a la negociación colectiva, para los representantes de trabajadores y empresarios, y cuya principal manifestación es la conclusión de Convenios Colectivos, normas de primera magnitud en la relación laboral.
• Derecho a la adopción de medidas de conflicto colectivo en defensa de los intereses colectivos de los trabajadores y empresarios.
• Derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus intereses.
• Derecho de reunión. Es un derecho que se ejercita dentro de la empresa o centro de trabajo y se manifiesta en las Asambleas de trabajadores y en la de los miembros de secciones sindicales.
• Derecho de información, consulta y participación en la empresa.

Para la Fundación Pro Bono RD, la protección jurídica del medio ambiente y los recursos naturales, a través de las comunidades e instituciones sin fines de lucro, constituye una prioridad para mejorar la condiciones de vida, sin dañar el entorno ni agotar los recursos naturales disponible, consecuentemente, garantizar una mejor calidad de vida y construir el tipo de mundo que queremos para las generaciones futuras.

Constituye uno de los principales objetivos de la Fundación Pro Bono RD, conectar a los abogados (as) de firmas privadas con organizaciones sociales comunitarias y organizaciones que sirven a personas y comunidades de bajos ingresos o grupos vulnerables

Violencia Intrafamiliar refiere a los actos cometidos por una persona, en el espacio donde se desarrollan relaciones afectivas, que de alguna manera perjudican la vida, el cuerpo, la integridad psicológica o la libertad de otro miembro del grupo familiar. (OMS). Todas las formas de Violencia Intrafamiliar tienen una cosa en común: abuso de poder y confianza, causan daño intencional a quien la sufre.

Estas actitudes ó comportamientos abusivos de un miembro de la familia hacia otro, tienen el objetivo de controlarlo de manera que actúe de acuerdo a sus deseos; estos pueden poner en riesgo la seguridad, el bienestar y hasta la vida del otro miembro. Las actitudes y comportamiento constituyen un patrón de conductas abusivas a nivel físico, sexual, psicológico o relacional, usado por una persona en relación íntima ó emocional con otra, para ejercer poder, control y autoridad sobre ella. Un patrón de conducta no son actuaciones violentas ocasionales, sino que es una forma repetida de actuar, una modalidad de relacionarse instalada, cuando las personas involucradas ocupan una y otra vez sus respectivos lugares en una actuación similar.ÂÂ

La Fundación Pro Bono RD,  en el ejercicio de su función primordial de la defensa de los derechos de todas las personas, ha puesto siempre un especial énfasis, si cabe, en la defensa de aquellas personas con mayores dificultades para ejercer sus derechos en plano de igualdad. En este sentido, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ha sido siempre un objetivo prioritario de nuestra institución.

Hasta hace pocas décadas, las personas con discapacidad eran prácticamente invisibles al resto de la población. Permanecían en sus casas, iban a centros especializados o vivían en ellos. Sin embargo, esta realidad ha ido cambiando, sobre todo a través de la presencia social que han ido obteniendo las asociaciones de discapacitados, reclamando la atención sobre aquellas medidas que consideran necesarias que se deben ir adoptando con el fin de lograr que la integración del colectivo sea real y plena.

Ello ha contribuido a que se produzca un avance importante en la promoción de políticas activas por parte de los poderes públicos dirigidas a la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, y han tenido su reflejo en la adopción de nuevas medidas legislativas tendentes a la supresión de barreras, en la puesta a disposición de instalaciones adaptadas y, en la consolidación del principio de «un diseño para todos». Esto no obstante, a pesar de que se ha avanzado, lo que queda por hacer es mucho. De hecho, durante estos últimos años, la problemática específica de las personas en situación de discapacidad se ha venido planteando en nuestra institución de forma puntual o reiterada, mediante diferentes vías.

Una política pública responsable debe estar basada en la defensa de los Derechos Humanos y exige prestar especial atención a este sector de la población. Ignorar las demandas y necesidades de los Mayores cercena las posibilidades de las generaciones futuras.

El derecho a ser incluido, a participar  y a contribuir, debe estar garantizado por la sociedad a todos sus miembros por igual, sin tener en cuenta la edad. La edad no puede ni debe ser una barrera para participar, enseñar, aprender, comunicarse, enamorarse, trabajar, elegir, ser independiente, elegir el domicilio, desarrollar su vocación, o defender su Dignidad.

Los Estados deben responsablemente promover una imagen positiva de la vejez: ello significa reconocer que esta edad es una etapa normal del desarrollo de la vida, en la que la mujer y el hombre se adaptan mediante acciones que previenen, corrigen o atenúan los cambios producidos por la declinación de sus potencialidades, y se integra con los otros grupos de la población evitando las segregaciones y discriminaciones que lo marginan y destruyen.

Promovemos el acceso a la justicia de los Adultos Mayores, reclamando sus derechos, aplicando programas de orientación jurídica y brindándole servicios legales Pro Bono gratuitos a aquellos que no cuenten con recursos económicos.

La actividad productiva, es la fuerza que mueve a la sociedad hacia el bien común, por ello, la importancia que las políticas socioeconómicas de un país le otorguen, se miden en la disposición y capacidad de generar empleos. La economía informal, el aumento en la tasa de desempleo, la falta de espacios de capacitación y políticas excluyentes, son apenas algunos de los factores que atentan contra el derecho al trabajo.

Todos los seres humanos tienen la capacidad de la creación intelectual, razón por la cual sus derechos deben ser protegidos en igualdad de condiciones, aun cuando los mismos no cuenten con recursos económicos, la Fundación Pro Bono RD, brinda asistencia legal en casos donde se hayan violados los derechos de autor y propiedad intelectual, cuando su defensa tenga un interés público.

Proteger al consumidor de bienes y servicios constituye uno de los propósitos fundamentales en las sociedades donde se vive un estado de derecho, no obstante, dicho derecho solo será garantizado mediante la creación de normas jurídicas que propicien un régimen sancionador y efectivo a favor de los usuarios de servicios, razón por la cual, la Fundación, consciente de los mismos, asesorará y defenderá gratuitamente aquellas personas de escasos recursos económicos, víctimas de la provisión de malos servicios.

Prestamos asesoría legal y mediación arbitral Pro Bono, a personas de escasos recursos que requieran de un árbitro para la liquidación de una comunidad hereditaria, honorarios profesionales, matrimonial y conflictos de intereses entre particulares.

Proveer asesoría Legal Pro Bono a microempresarios en la formación de entidades comerciales, formulación de recurso de reconsideración y contencioso administrativo, asuntos laborales y comerciales, implementar talleres de capacitación jurídica y en caso de ser necesario la participación de los abogados(as) de la Red de Voluntarios Pro Bono, en la discusión de políticas públicas que beneficien el sector.

Establecer acuerdos interinstitucionales con los gremios profesionales, a los fines de que se creen canales de comunicación que orienten a los profesionales en ejercicio de su profesión, en completo apego a su código de ética y a la vez dar asistencia legal Pro Bono a las personas, comunidades o grupos vulnerables, que hayan sido víctimas del ejercicio de la mala práctica profesional.